¿Qué alcance tienen las reformas constitucionales en Nicaragua que refuerzan el poder del presidente Ortega y su esposa?

Nicaragua se convertirá en el único país de América Latina en tener un modelo de gobierno compartido entre dos personas, ambos con título de co-presidente y el mismo poder, tras la aprobación de una de las mayores reformas constitucionales en la historia de la nación centroamericana.

Los cambios recientes a la Constitución nicaragüense han sido evaluados por expertos y criticados por activistas, organizaciones y países como Estados Unidos. La secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA) advirtió que el actual mandatario Daniel Ortega, con más de 15 años consecutivos como jefe de Estado, busca compartir formalmente el poder con su esposa y actual vicepresidenta Rosario Murillo.

“El documento de la ‘reforma’ es ilegítimo en la forma y el contenido, constituye meramente una aberrante forma de institucionalización de la dictadura matrimonial en el país centroamericano y es una agresión definitiva al Estado de Derecho Democrático”, dijo la OEA en una nota de prensa.

Además de la posibilidad de garantizar la continuidad en el poder del matrimonio Ortega-Murillo y una sucesión de la vicepresidenta en el sillón presidencial, también hay otros elementos que llaman la atención en este paquete de reformas, aprobado por un Parlamento de Nicaragua dominado por el gobernante Frente Sandinista.

Dos presidentes por seis años

En el artículo 133 de la enmienda constitucional de Nicaragua se establece que “la Presidencia de la República estará integrada por un co-presidente y una co-presidenta, que se eligen mediante el sufragio universal, es decir, los votos”.

Anteriormente en Nicaragua se elegía a un presidente y vicepresidente. La figura del segundo en el gobierno desaparece ahora tras los cambios aprobados.

El artículo 135 de la recién reformada Carta Magna especifica ahora que “el co-presidente y la co-presidenta ejercerán sus funciones por un período de seis años, que se contará a partir de su toma de posesión”. Los cambios extienden el mandato presidencial -hasta ahora de cinco años – por otros doce meses.

Según la nuevas disposiciones, ambos co-presidentes tendrán las mismas funciones y podrán nombrar o destituir ministros, así como convocar a sesiones extraordinarias y firmar decretos. A su vez, podrán nombrar a vicepresidentes, sin que se especifique la cantidad.

“El modelo que está aplicando Ortega es un modelo que solo se había visto en el Medioevo con reyes que habían llegado por la vía de la fuerza y se mantenían por la fuerza, que es lo que hace Ortega. Es incompatible totalmente con la democracia como se conoce”, dijo a la Voz de América el analista político y exdiputado Eliseo Núñez.

El título de co-presidente había sido transferido de manera informal por Daniel Ortega a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo en febrero de 2023. Expertos entonces advirtieron que se trataba de una sucesión dinástica en marcha.

Desaparición de la independencia de poderes

El presidente Daniel Ortega también pidió que en las reformas se estableciera que la Presidencia de la República coordinaría a los órganos Legislativo, Judicial, Electoral y de control de la Administración Pública, con lo que desaparece de manera efectiva la independencia de los poderes del Estado, establecida textualmente en la Constitución antes de los cambios.

El exdiputado nicaragüense Eliseo Núñez dijo que este es el punto más importante de la reforma constitucional impulsada por Ortega.

“La desaparición de los poderes del Estado y pasarlos a llamar órganos, es para mí la esencia de esta reforma. Todo lo demás es parte de lo que venían aplicando, pero desaparecer los poderes del estado y crear un ente que los regule a todos, es quizás de las cosas más fuertes que podés encontrar en esta reforma”, destacó.

Bandera del partido oficialista será “símbolo patrio” y habrá fiscalización a medios

Entre las enmiendas constitucionales también se dispuso que la bandera rojinegra del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) sea considerada un símbolo nacional, a la par de la bandera azul y blanco de Nicaragua.

A pesar de que no estaba establecido de manera oficial, desde que Ortega asumió el poder en 2007, la bandera oficialista es utilizada en todas las actividades gubernamentales.

Por otro lado se añadió una reforma al código relacionado a la libertad de prensa nicaragüense. En el artículo 68 de la Constitución de Nicaragua, una nueva cláusula estipula ahora que el Estado vigilará que todos los medios de comunicación social no respondan a los que ellos consideran “intereses extranjeros”, o divulguen “noticias falsas”. algo que no existía en la anterior Carta Magna.

Ortega tendrá potestad para utilizar al Ejército en caso de manifestaciones

En el artículo 94 de la reforma constitucional se establece que “la Presidencia de la República podrá ordenar la intervención del Ejército de Nicaragua en apoyo a la Policía Nacional, cuando la estabilidad de la República lo requiera”.

Algunos expertos aseguran que este cambio deja abierta la posibilidad de que el gobierno ordene la intervención del Ejército ante cualquier amenaza a su poder.

Nicaragua vive una crisis política desde hace más de seis años. Desde entonces se han sucedido protestas contra el gobierno de Ortega, que califica a sus opositores de traidores y agentes del imperialismo. Quienes se opongan a Managua, enfrentan cárcel, destierro y el despojo de su nacionalidad.

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